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El alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Jorge Yunda Machado, está siendo procesado penalmente debido a supuestas irregularidades en la compra de pruebas PCR a mediados de 2020, en el momento más complicado de la pandemia de Covid-19 en el país.

Este martes 16 de febrero, en pleno feriado de carnaval en el país, en la ciudad de Quito se instaló la audiencia para imputar penalmente al burgomaestre de la capital, junto con otras seis personas procesadas en el mismo caso.

Esto se inicia debido a que el pasado 10 de febrero la Fiscalía indicó que ha encontrado “elementos de convicción suficientes sobre una presunta responsabilidad del alcalde Jorge Yunda”. Esto dio pie a que se empiece un proceso.

En esa medida, este martes la Fiscalía procedió a presentar las evidencias recopiladas durante las primeras investigaciones, y los abogados defensores de los procesados hicieron lo propio.

Durante esta primera audiencia, el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, pidió que se dicte prisión preventiva en contra del Yunda y seis personas más, con el objetivo de garantizar su presencia en el proceso.

Sin embargo, aunque se dictaron medidas cautelares, al menos en este primer momento la prisión preventiva para el alcalde no fue aplicada. Para la Secretaria de Salud del Municipio y para otras dos personas implicadas sí se dictó esta medida.

De todas formas, sobre el alcalde hay versiones contrapuestas sobre las medidas que se le aplicarán. Según Fiscalía, se indicó que el juez que entiende en el caso ordenó aplicar las medidas cautelares previstas en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (numeral 1, 2 y 4). Este último establece el uso del dispositivo electrónico. Sin embargo, el abogado del alcalde Yunda, Juan Pablo Albán, aseguró que el juez no dispuso el uso de grillete para su cliente, sino únicamente ordenó la prohibición de salida del país y la presentación cuatro veces por semana ante una autoridad judicial.

Vale mencionar también que, a todos los procesados en el caso, se les ordena la inmovilización de cuentas y prohibición de venta de bienes por USD 5 millones. La instrucción fiscal se amplía por 30 días.

Nota del Redactor: Con información de Diario El Comercio

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